Reconocidos agentes de bienes raíces de San Lorenzo coincidieron en que el proyecto que busca debatirse en el Congreso de la Nación “perjudica al propietario, al inquilino y a la inmobiliaria”.

Fuerte rechazo muestra el sector inmobiliario de San Lorenzo al proyecto de la nueva ley de alquileres que el pasado martes tuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados y que podría debatirse a comienzos de noviembre. “Perjudica a las tres partes: propietario, inquilino e inmobiliaria. Es una ley que no sirve para nada”, sentenció Ricardo Canut, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria local y titular de Canut Propiedades.

“Piden asimetría para que la gente tenga acceso a una vivienda. ¿Y de quién es esa obligación? ¿De los corredores inmobiliarios? ¿O del Estado? El Estado nunca planteó bajar las tarifas de los servicios y de los sellados que pagan los inquilinos. El Estado quiere seguir recaudando a costa de los particulares. Y plantea una guerra de pobres contra pobres”, cuestionó Damián Grad, otro reconocido agente de bienes raíces de San Lorenzo, titular de Grad & Asociados Negocios Inmobiliarios.

Entre los principales puntos del nuevo proyecto, las comisiones quedarán a cargo del dueño, los aumentos se regularán según la inflación y los salarios, y los contratos se renovarán cada tres años. “Bajo el título de querer beneficiar a los locatarios, será una ley muy perjudicial. La solución para el inquilino es que no le suban tanto los impuestos y los servicios y que le aumenten el salario; no una nueva ley de alquileres”, planteó Canut.

“Porque al interferir el Estado en un contrato privado -justificó Canut-, están asustando a los propietarios que cobran muy bajos alquileres con relación al valor del inmueble. Y si les recargan los honorarios, van a sacar las viviendas de alquiler y las pondrán a la venta. Por lo tanto habrá menos ofertas y subirán los alquileres”, advirtió el ex directivo de la Cámara Inmobiliaria de San Lorenzo.

“Si a los propietarios le ponen más obligaciones a su cargo, como el tema de los honorarios a las inmobiliarias o las verificaciones de las garantías, el propietario lo va a subir al precio. O en todo caso, el propietario decidirá no poner la vivienda en alquiler. ¿A quién beneficiará? A nadie”, alertó Grad.

¿Garantías propietarias o laborales?

“Hace años que venimos recibiendo recibos de sueldo como garantía. A lo mejor los legisladores legislan mirando solamente a Capital Federal. En Santa Fe y en varias provincias, hace años que recibimos recibos de sueldo. La mayoría de los inquilinos que tenemos como clientes no entregan garantías propietarias. Sí los bancos harán negocios si implementan las garantías bancarias”, señaló Canut.

“Pretenden regular el tema de las garantías, cuando en San Lorenzo estamos aceptando garantías laborales y seguros de caución. A los inquilinos no los estamos obligando a presentar dos garantías propietarias, que sean familiares de la zona como sucede en Capital Federal. Poner en la ley que el propietario deberá aceptar una serie de condiciones, implicaría que el dueño de la vivienda tenga que aceptar lo que el inquilino quiera darle en concepto de garantía”, añadió.

“Esto es una invasión al derecho de la propiedad y el dueño bien podría no aceptar alquilar en esas condiciones porque está asumiendo riesgos: que el inquilino no pague o que no le deje el inmueble en condiciones. No estaría bien que el inquilino ponga lo que quiera, porque lo deja al propietario en una situación de desprotección”, manifestó Grad.

La extensión de los contratos a tres años

“Hace dos años se planteó el nuevo Código Civil, en donde una gran cantidad de juristas analizaron el caso de los contratos de alquileres y dieron una nueva normativa con beneficios para los inquilinos. Ahora quieren cambiarlo de nuevo. Yo no creo que el inquilino necesite mayor estabilidad que dos años. Eso lo perjudica al dueño. Un plazo tan largo implicaría que el propietario decida no alquilar”, sostuvo Grad.

“Ese ítem también perjudica a las tres partes. Están hablando de una nueva ley pero no hablan de la suba de los servicios y de los impuestos. Tampoco hablan de los sueldos tan bajos de los inquilinos. Hoy en día, la principal consulta de los propietarios es que si sale la ley, van a poner los inmuebles a la venta. Entonces se va a restringir la oferta y lo poco que haya en el mercado para alquilar será mucho más caro”, aventuró Canut.

El valor de los alquileres

“Hace 30 o 40 años, los alquileres eran equivalentes al 1 por ciento mensual de lo que valía una propiedad. Hoy, un departamento de un dormitorio que cuesta 2,5 millones de pesos, equivaldría a un alquiler de 25 mil pesos. Sin embargo, el propietario actualmente lo alquila a un costo de 7 mil pesos. O sea, no está recibiendo ni el 0,4 por ciento mensual”, precisó Canut.

“Si bien a muchos les resulta muy difíciles de pagar, hoy los alquileres no están caros -acotó Grad-. Los sueldos no alcanzan para nada. Los artículos de supermercado aumentaron y las tarifas de los servicios se triplicaron y hasta cuadruplicaron. El alquiler no subió con relación a todos esos incrementos. Lo que pasa es que al inquilino no le alcanza el dinero para vivir”.

“La mayoría de las inmobiliarias estamos asesorando al propietario de aumentar los alquileres tan sólo una vez por año. Obviamente hay situaciones en las que el dueño propone hacerlo semestralmente o cada ocho meses. Y el aumento viene entre un 25 y un 30 por ciento. Con una inflación del 40 por ciento, como sucede en este año, el propietario ya perdió. Y también es entendible del otro lado, si es que al inquilino le aumentan el sueldo en un 25 por ciento”, calculó Grad.

Inmobiliarias mandatarias

“Los legisladores quieren legislar con títulos. Pero cuando vamos al fondo de la cuestión, no han investigado nada ni hablado con gente que sepa. No tienen idea de la ley que van a sacar. Nuestros clientes son los propietarios y los inquilinos. Con esta ley demagógica, recargándole los honorarios al propietario, el inquilino deja de ser nuestro cliente. Y nosotros pasamos a ser mandatarios de los propietarios. Insisto: esta ley tira por abajo la figura del corredor inmobiliario y transforma a las inmobiliarias en mandatarias de los propietarios. Es una locura”, lamentó Canut.

“Como está plantada la ley, los inquilinos no van a ser más clientes de las inmobiliarias. Y si el dueño tiene que pagar honorarios, ya no seremos intermediarios sino mandatarios. Entonces vamos a responder solamente al dueño -coincidió Grad-. Y cuando el inquilino tenga algún problema, quizás no nos interese resolvérselo si ya no será nuestro cliente”.

“A nosotros nos bajará el 60 por ciento de los honorarios. Hoy estamos cobrándole el 5 por ciento del contrato al inquilino. La nueva ley dice que máximo vamos a poder cobrar un alquiler. Eso significará que brindemos un servicio deficiente y que tengamos que despedir personal de las inmobiliarias porque no vamos a poder sostener las estructuras. Van a generar desocupación. Lo más justo sería que sigamos cobrando lo mismo y que todo se divida entre propietario e inquilino porque ambos son nuestros clientes. Pero como está planteada, la ley genera perjuicios para todos”, concluyó Grad.